Los dueños de la tierra: el caso de México

Hablar de la riqueza natural en México es equivalente a hablar de los ejidos, ya que el 83% de la biodiversidad y más de dos terceras partes del agua del país se encuentran en estas tierras.


México, como la mayoría de los países, está conformado por tierras privadas y tierras públicas. Sin embargo, nuestro país es un caso interesante porque las tierras públicas (federales y estatales) realmente son pocas y existe una tercera categoría que borra las líneas entre lo privado y lo federal. Si pudiéramos hablar sobre una tierra donde la propiedad social está por encima de la propiedad privada, estamos en el campo semántico de lo que conocemos como
ejido. Éste equivale a una persona moral que se conforma de una acción colectiva. Si resides en México, seguramente has visitado ejidos —intencionalmente o sin saberlo—, quizás en alguna vacación en la playa o durante una caminata en el bosque. Más de la mitad del territorio mexicano pertenece a ejidos y comunidades agrarias, lo que significa que la mayoría de los bosques, bancos de materiales, cuerpos de agua, montes, entre otros, son de propiedad social. Hablar de la riqueza natural en México es equivalente a hablar de los ejidos, ya que el 83% de la biodiversidad y más de dos terceras partes del agua del país se encuentran en estas tierras. Las áreas naturales protegidas de nuestro país están conformadas en su mayoría por tierras ejidales.

 

Lo que nos lleva a la pregunta: ¿Qué son los ejidos, y por qué debemos tenerlos más presentes?


 

La existencia de las tierras colectivas se remonta a la época prehispánica (América precolombina): en ese entonces los aztecas tenían una división de clases y de acuerdo a qué clase o jerarquía pertenecían, separaban la propiedad privada de la tierra colectiva. De esta forma los mexicas adquirían más terrenos para el monarca. Las tierras llamadas tlatocalli eran propiedad del rey y el pillali eran las tierras que se repartían entre guerreros y nobles. También existían las extensiones de tierra comunal donde los jefes de familia dividían las tierras para poder cultivarlas, las llamaban calpulli. El monarca tenía el poder de retirar u otorgar tierras que estuvieran bajo su poder (Chavez, 1997). Después llegó la etapa Colonial y durante este periodo no hubo un cambio drástico en la organización de la repartición de las tierras, ya que la sociedad indígena no podía tener sus propios terrenos; solamente si eran asignados por la casta española. 

 

El ejido como lo conocemos hoy en día es resultado de una de las reivindicaciones sociales derivadas de la exigencia de restituir las tierras a las personas que la trabajan. Una vez que el país alcanzó su independencia en 1821, México no se enfocó en la reglamentación de la tierra. Fue hasta el año 1856 cuando se promulgó la “Ley Lerdo”, dando pie a la lucha de repartición de tierras en el país. En el año 1992 se decretó la terminación del reparto agrario con la Ley Agraria. 

 

La configuración ejidal se puede contextualizar con las siguientes características principales:

Se entiende que el ejido ocupa un amplio y extenso espacio en la geografía mexicana.

Se considera que es un núcleo agrario que se crea con fines de producción y calidad para proporcionar  y garantizar la base alimenticia en el país.

Se puede ver como el núcleo agrario que sustenta el modo de vida de una comunidad, donde se integran familias y productores, creando así una población ejidal donde se derivan más fenómenos sociales.



La emergencia climática que vivimos hoy en día por el crecimiento desmedido de las industrias no se puede desvincular del uso de suelo de las tierras, tanto privadas como ejidales.
No hay duda que los daños más grandes han sido ocasionados por las industrias que fácilmente pueden adquirir propiedades privadas y degradar los ecosistemas que se encontraban en ellas. A una escala menor, en muchos casos las tierras ejidales han jugado un papel importante como parte de la problemática debido a la conversión de bosques y otros ecosistemas a tierras agrícolas. No obstante, las tierras ejidales son también parte de la solución, ya que la concentración de la riqueza natural en su mayoría se encuentra dentro de ellas. El Registro Agrario Nacional (RAN) menciona que en el 2020, se registraron 29,793 ejidos en el país, más de 5.6 millones de ejidatarios, comuneros y posesionarios. Estos son conformados en su mayoría por familias que pertenecen a la región rural, que es un 23% de la población, creando un sentido de identidad y pertenencia pese a las limitaciones que existen para el desarrollo de la agricultura. Irónicamente, los impactos ambientales más significativos se ven reflejados en el sector agrícola, debido a lo sensibles que son los cultivos  al cambio de temperaturas, afectando directamente a la población (Fetzek, 2009). La relevancia de estas tierras trasciende las fronteras agrarias al ser una de las piezas fundamentales de la estructura social y ambiental del país; la integridad de los ecosistemas y las tierras colectivas no están aisladas porque su relación es directa.

 

El estudio de “Tendencia y perspectiva del sector forestal en América Latina” de la FAO en el año 2020, señala que en México existen más de 64 millones de hectáreas de bosques y selvas, sin embargo, el país tiene uno de los primeros lugares de deforestación a nivel mundial. La concentración de recursos naturales, como los bosques y las selvas, en las tierras colectivas es inmensa y abarca todos los ecosistemas, derivando así la importancia de la implementación de proyectos ambientales desarrollando soluciones basadas en la naturaleza (SBN). Esto se refiere a acciones o políticas que aprovechen el modelo de la naturaleza para abordar temas urgentes como las sequías, la deforestación o el cambio climático. Por ejemplo, para abordar la problemática de la erosión de los suelos y sus consecuencias —como los deslizamientos de tierra que pueden afectar a poblados o la sedimentación de reservorios de agua—, una solución basada en la naturaleza podría ser la mejora y restauración de la vegetación nativa de la zona para incrementar la permeabilidad del suelo, permitiendo una mejor infiltración de la lluvia; si el suelo retiene bien el agua, no se erosiona tan fácilmente. 

 

La implicación de estas soluciones es proteger, restaurar y gestionar las tierras de una forma tanto social como ambientalmente sostenible, aumentando la resiliencia y la capacidad de abordar los desafíos que enfrenta el planeta tierra. 

 

En Toroto se desarrollan distintos proyectos socio-ambientales encaminados a la mitigación de impactos ecosistémicos que se sustentan en la participación de los ejidatarios de las zonas intervenidas. Uno de los proyectos que se están llevando a cabo es la protección de la selva alta de Chiapas, la “Selva Lacandona” como es popularmente conocida, en el ejido El Pirú. Esta zona es de los últimos lugares de México donde aún hay selvas altas perennifolias junto con los remanentes de selva de la península de Yucatán, del norte de Guatemala y de Belice. En conjunto, estas áreas conforman el macizo de selva tropical más importante de Mesoamérica, conocida como la Selva Maya. 

 

Por años ha sido amenazada por diversos factores como el caso del cambio de uso de suelo, donde se deforesta buscando hacer espacio para la ganadería extensiva o las plantaciones de palma. Aunque el apoyo gubernamental existe y ha existido, como el caso del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de la Comisión Nacional Forestal, a menudo no es suficiente para disuadir a las comunidades de las prácticas intensivas de ganadería, por ejemplo, que pueden rendir más beneficios económicos en comparación. 

 

El proyecto de protección de la Selva Lacandona va encaminado a trabajar de la mano con los ejidatarios de la zona para que tengan una alternativa económica que no degrade la selva. La primera etapa del proyecto involucra un ejido que tiene una superficie de selva conservada de más de 2,000 hectáreas. Se busca generar bonos de carbono mediante la conservación y restauración de la selva usando SBN y planes de gestión ambiental que contemplen actividades sustentables adicionales al proyecto de los bonos de carbono. Este tipo de proyectos no sólo promoverá la conservación de los fragmentos de selva existentes, sino que aumentará la cobertura forestal de los ejidos involucrados.

 


La colaboración con estos grupos sociales es primordial para un desarrollo sostenible en México. El papel que desempeñan los ejidos en el uso de la tierra, así como las acciones que puedan tomar en un futuro, se convierten en actores clave para un cambio con un gran potencial de mitigación ambiental.
Por su potencial de reactivar o impulsar la economía de estas comunidades de una forma sostenible, es indispensable desarrollar proyectos de largo plazo en conjunto con ellas, donde estos territorios se utilicen de una forma consciente y benéfica para el bien común, es decir, para los ecosistemas y para quienes las habitan. 

 

Las respuestas actuales frente al cambio climático deben centrarse en la inclusión y en revertir la vulnerabilidad social y ambiental. Conviene entonces concentrarnos en gestionar programas de adaptación y mitigación ambiental donde se puedan articular acciones con políticas de reducción de riesgos ambientales, pero también políticas económicas y sociales más amplias, donde sea más fácil gestionar soluciones para la mejora del sistema en el que nos desarrollamos.

 

Juntos podemos buscar, insistir y encontrar soluciones.



Referencias

Chavez, M. (1997). El Derecho Agrario en México.México, D.F.: Porrua.

El Colegio de Jalisco. (2010). Desamortización y Laicismo.Zapopan, Jalisco: El Colegio de Jalisco.

Fetzek, S. (2009). Impactos relacionados con el clima en la seguridad Nacional de México y Centroamérica. Primer Informe. Instituto Real de Servicios Unidos-FUNDAECO. Gran Bretaña.

Rojo, J. M. (2020). Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020. FAO.

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